| ★ EXTRACTIVISMO |
(★)Argentina.-Tras 15 años de resistencia popular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpela al Estado argentino por la criminalización sistemática de les defensores del agua en Andalgalá
La justicia internacional puso freno al avance extractivista en Catamarca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado argentino prohibiendo nuevas autorizaciones para el proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), controlado por la transnacional Glencore. La medida surge tras la denuncia por violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante 15 años de resistencia comunitaria.
El organismo internacional estableció que el gobierno catamarqueño "no puede autorizar nuevos trabajos" en el yacimiento, desplazando la disputa del ámbito provincial al nacional. Ahora Cancillería deberá responder directamente por las acciones represivas denunciadas: vigilancia ilegal, armado de causas judiciales, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta social.
La Asamblea El Algarrobo, impulsora de la demanda, documentó 104 personas judicializadas y más de 200 víctimas del conflicto. Durante décadas, el Estado respondió con silencio administrativo y violencia institucional a las demandas de justicia ambiental. La Corte Suprema incluso declaró "abstracto" el reclamo vecinal días antes de la notificación internacional.
La lucha andalgalense construyó una sinergia poderosa: 800 caminatas sabatinas en defensa del agua se entrelazaron con batallas legales que exponen la complicidad estatal con el extractivismo. Mientras las comunidades enfrentan audiencias públicas fraudulentas durante la pandemia y resoluciones encubiertas que autorizan "exploración avanzada", la CIDH emerge como último recurso ante la justicia negada.
Esta victoria parcial revela la arquitectura colonial del modelo minero: Estados provinciales subordinados a corporaciones transnacionales, sistemas judiciales cómplices y comunidades criminalizadas por defender sus territorios. La internacionalización del caso desnuda la responsabilidad del Estado argentino en garantizar derechos humanos frente al ecocidio empresarial.
