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(★) Argentina.- Vestidos de guardapolvo como símbolo de su identidad gremial, Mónica Gurina y Leandro Sánchez enfrentan un juicio oral que criminaliza la protesta social en Misiones.
Desde las primeras horas de la mañana, los dirigentes de la CTA se sentaron en el banquillo de los acusados mientras afuera del Palacio de Justicia de Posadas se congregaba una marea de trabajadores, sindicalistas y organizaciones sociales que coreaban consignas de apoyo. El tribunal unipersonal presidido por la jueza Marcela Leiva escuchará las acusaciones por "desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte", delitos que presuntamente cometieron durante el acampe docente de 2024 en la avenida Uruguay.
Lo que está en juego trasciende el destino individual de Gurina y Sánchez. Se trata de un precedente peligroso que busca judicializar las legítimas luchas por mejoras salariales en un contexto de licuación de ingresos que afecta a toda la clase trabajadora. Según informa La Voz de Misiones, los docentes rechazaron una propuesta de probation que les ofrecía realizar tareas comunitarias como alternativa, prefiriendo enfrentar las acusaciones en un debate público donde podrán demostrar la naturaleza política de este proceso.
Eduardo Paredes, abogado defensor, fue contundente al señalar que "esto no es una cuestión criminalizable" y recordó que las medidas de protesta fueron decididas por asamblea, no por los dirigentes individualmente. "Ellos son voceros, son los que llevan la voz de la asamblea", afirmó, desmontando la lógica punitivista que intenta individualizar responsabilidades colectivas.
La respuesta organizada no se hizo esperar. Bajo la consigna "la lucha por el salario no es delito", el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha y la Mesa de Unidad convocaron a acompañar a los compañeros procesados, demostrando que la solidaridad de clase es la mejor defensa frente a la criminalización de la protesta.
Este juicio expone la contradicción fundamental de un sistema que pretende castigar a quienes defienden derechos mientras naturaliza la precarización laboral. Cada guardapolvo en el banquillo representa la dignidad de miles de docentes que resisten el ajuste, y cada testimonio en el debate oral será un capítulo más en la larga historia de lucha por la educación pública y los derechos de les trabajadores.
