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(★)Argentina.- El poder judicial pone freno a la comisión que investiga el escándalo financiero que involucra al presidente Milei y su entorno
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi acaba de cerrar las puertas a la investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $LIBRA. En un doble movimiento que protege a los principales sospechosos, el magistrado rechazó tanto el acceso al expediente judicial como la detención de los operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La resolución judicial representa un nuevo golpe a la Comisión Investigadora de Diputados que preside Maximiliano Ferraro. El argumento formal es que el expediente es "sólo para las partes del caso" y que existen "medidas de prueba que requieren especial reserva". Según el juez, cualquier divulgación podría "frustrar u obstruir el éxito de la investigación".
Pero detrás de esta retórica legal se esconde una realidad política: el poder judicial actuando como escudo protector del poder ejecutivo. La causa investiga cómo un simple tuit de Javier Milei hizo que el valor de $LIBRA pasara de 0,01 a 5 dólares en pocas horas, permitiendo que algunos actores retiraran 100 millones de dólares antes del desplome, mientras miles de pequeños inversores perdían sus ahorros.
La negativa judicial también incluye el rechazo a detener a Novelli y Terrones Godoy, a pesar de que la querella demostró que vaciaron cajas de seguridad, borraron pruebas informáticas y desviaron criptomonedas cuando la justicia había ordenado su embargo. El juez considera que el embargo de bienes es suficiente garantía, ignorando que ambos tienen pasaportes extranjeros y capacidad de fuga.
Este caso expone la arquitectura de impunidad que protege a las elites financieras. Mientras la justicia pone trabas a la investigación parlamentaria, los principales sospechosos siguen operando con total libertad. La democracia se resiente cuando los mecanismos de control se bloquean para proteger intereses del poder.
