| ★ ECONOMÍA/POLÍTICA |
(★) Argentina.- El "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos" entre Argentina y Estados Unidos representa una profundización del modelo extractivista que amenaza la soberanía productiva nacional.
El reciente anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos configura un nuevo capítulo en la acumulación por desposesión que caracteriza las relaciones económicas asimétricas entre países centrales y periféricos. Bajo la retórica de "reciprocidad" y "cooperación bilateral", se esconde un mecanismo de transferencia sistemática de valor desde la economía nacional hacia los centros de poder transnacional.
El núcleo del acuerdo reside en la apertura preferencial para productos estadounidenses de alta tecnología -medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos- mientras Argentina se compromete a eliminar barreras arancelarias y desmantelar gradualmente el impuesto estadístico. Esta asimetría reproduce el patrón clásico de intercambio desigual: los países periféricos exportan materias primas e importan bienes con alto contenido tecnológico, consolidando su posición subordinada en la división internacional del trabajo.
La cláusula que establece el reconocimiento automático de certificaciones de la FDA (Food and Drugs Administration, Que se ocupa de regular y administrar los alimentos y medicamentos) estadounidense constituye un golpe directo a la industria farmacéutica nacional. Al aceptar la validez de autorizaciones extranjeras sin evaluación local, se desmantela la capacidad regulatoria del Estado y se entrega el control sanitario a agencias foráneas. Esta mercantilización de la salud pública representa una nueva frontera en la expansión del capital sobre esferas antes protegidas por regulaciones soberanas de la lógica del mercado.
En el sector agrícola, el acuerdo profundiza el modelo agroexportador tradicional mientras abre las puertas a productos cárnicos estadounidenses. La promesa de "mejorar condiciones de acceso" para carne vacuna y aviar estadounidense amenaza con desplazar a productores locales, generando una competencia desigual entre sistemas productivos con diferentes niveles de subsidio y desarrollo tecnológico.
La protección reforzada de propiedad intelectual, alineada con los estándares del Informe Especial 301 de Estados Unidos, implica una extensión de los monopolios farmacéuticos y tecnológicos que limitan el acceso a medicamentos esenciales y conocimientos estratégicos. Este mecanismo garantiza la extracción de rentas monopólicas mediante la extensión artificial de patentes, obstaculizando el desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas.
El compromiso de "armonizar" el régimen de propiedad intelectual con normas internacionales dominadas por países centrales consolida un sistema de dependencia tecnológica permanente. La transferencia forzosa de plusvalía se realiza ahora mediante mecanismos jurídicos que protegen la apropiación privada del conocimiento colectivo.
La cláusula sobre comercio digital, que reconoce a Estados Unidos como "jurisdicción adecuada" para transferencia de datos, representa una nueva forma de colonialismo informático. La soberanía digital nacional se subordina a intereses corporativos transnacionales, facilitando la extracción de datos y la concentración de poder en plataformas tecnológicas estadounidenses.
Este acuerdo debe entenderse como parte de un proceso más amplio de reestructuración neoliberal que busca desmantelar las últimas barreras protectoras de la economía nacional. La retórica de "modernización" y "apertura" encubre un proyecto de reconfiguración institucional que consolida la subordinación estructural de Argentina a los intereses del capital transnacional.
La acumulación por desposesión avanza ahora mediante tratados comerciales que, bajo apariencia de reciprocidad, institucionalizan relaciones de dependencia y transferencia sistemática de valor.
