| ★ SALUD |
(★) Argentina.- Mientras el Estado mira para otro lado, cuatro millones de argentinos beben veneno a diario.
La cartografía del desamparo sanitario se despliega en pantalla —el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires) relanzó su mapa interactivo con más de 350 muestras que revelan la magnitud de una tragedia silenciosa— donde el arsénico, ese legado geológico de la Cordillera de los Andes, se ha convertido en el compañero invisible de millones de hogares que consumen agua contaminada por encima de los límites de la OMS (Organización Mundial de la Salud), un envenenamiento lento que convierte el derecho humano al agua en una condena biológica cuyas consecuencias se miden en casos de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), ese cuadro clínico que desemboca en cáncer de pulmón, laringe, tos crónica y fibrosis pulmonar cuando el Estado abandona su función primordial de garantizar condiciones básicas de supervivencia. La paradoja es cruel: la herramienta tecnológica más avanzada para monitorear esta catástrofe sanitaria depende de la solidaridad ciudadana, de vecinos que deben llevar sus muestras a Iguazú 341 como si el acceso al agua potable fuera un favor y no un derecho constitucional.
El 70% de Buenos Aires está contaminado. Córdoba tiene siete localidades con agua no apta: Vicuña Mackena, Laboulaye, Etruria, Villa Nueva, Villa María, La Playosa y la capital provincial. En la provincia de Buenos Aires, dieciséis municipios —incluyendo Escobar, General Rodríguez, Chivilcoy y Cañuelas— consumen agua con arsénico por encima de los límites legales. El sur de Córdoba y Santa Fe, La Pampa, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa completan este mapa de la desigualdad hídrica. La OMS establece que menos de 10 partes por billón es seguro, entre 10 y 50 requiere estudios, y más de 50 significa agua no potable.
La responsabilidad estatal brilla por su ausencia. Mientras el ITBA pide muestras ciudadanas, los gobiernos provinciales y nacionales eluden su obligación de monitoreo sistemático. La solución tecnológica existe —filtros y plantas de tratamiento— pero choca con la falta de voluntad política y la ausencia de inversión en infraestructura sanitaria básica. El mapa interactivo evidencia lo que el poder prefiere ignorar: el agua como mercancía para quienes pueden pagar filtros y como veneno para los territorios olvidados.
¿Hasta cuándo la salud será un privilegio de clase?
Accerder al mapa-de-arsenico.web.app realizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)-
