| ★ POLÍTICA |
(★).-El proyecto de Ley Ómnibus de Milei busca fragmentar vacaciones y financiar indemnizaciones en cuotas, profundizando la precarización laboral
En el marco de la ofensiva neoliberal del gobierno de Javier Milei, el proyecto de "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo" constituye un ataque sistemático a los derechos laborales conquistados tras décadas de luchas sindicales. La modificación del artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo no es una mera actualización normativa, sino la implementación de un dispositivo de flexibilización que responde a los intereses del capital concentrado. La posibilidad de fraccionar vacaciones y otorgarlas "en cualquier momento del año" consolida la lógica de la desregulación patronal, donde el tiempo de descanso -esencial para la reproducción de la fuerza laboral- queda supeditado a las necesidades productivas de las empresas.
El impacto en los sectores populares será devastador. Según datos del INDEC, el 45% de lxs trabajadorxs percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, y esta reforma profundizará su vulnerabilidad. La fragmentación vacacional dificultará la planificación familiar y afectará especialmente a las mujeres, quienes cargan con el 76% de las tareas de cuidado no remuneradas. El requisito de verano "cada dos períodos" atenta contra el derecho al esparcimiento en temporada alta, históricamente conquistado por la clase trabajadora. Mientras, el beneficio de pagar indemnizaciones en cuotas para PyMEs consolida la cultura del juicio laboral como costo empresario, desincentivando el cumplimiento de obligaciones patronales.
Frente a este escenario, las organizaciones sindicales y sociales preparan la resistencia. La CTA Autónoma y la UTEP ya han manifestado su rechazo a lo que consideran "una reforma laboral encubierta". La experiencia latinoamericana demuestra que estas medidas -ensayadas en Chile durante la dictadura y profundizadas en Perú con Fujimori- solo generan mayor precarización. La alternativa está en fortalecer la organización popular y defender la contratación colectiva como herramienta de protección laboral, mientras se avanza hacia un modelo productivo que priorice los derechos humanos sobre las ganancias empresariales.
