| ★ LATINOAMÉRICA |
(★).-Mientras las corporaciones siguen lucrando con guerras y extractivismo, movimientos populares y Estados del Sur impulsan en la ONU un instrumento legal histórico para someterlas a juicio.
La raíz del problema se hunde en la arquitectura misma del capitalismo global: un sistema donde las transnacionales operan con licencia para saquear, contaminar y violar derechos humanos mientras eluden toda responsabilidad. Las negociaciones en Ginebra exponen la fractura geopolítica esencial: el Norte Global -cuyas corporaciones controlan el 70% del comercio mundial- defiende un modelo de "autorregulación" que no es más que la consagración legal de la impunidad. Frente a esto, el Sur Global, históricamente víctima del extractivismo corporativo, lidera una ofensiva para subordinar el capital al derecho internacional. La presencia de lobbies como la Cámara de Comercio Internacional confirma que estamos ante una puja entre democracia y poder corporativo.
El costo popular de esta impunidad se mide en vidas: desde los agrotóxicos de Bayer-Monsanto que envenenan comunidades rurales latinoamericanas hasta la complicidad de empresas como HP y Caterpillar en el genocidio palestino. Las transnacionales del agronegocio controlan el 60% del mercado global de semillas, privatizando bienes comunes y desplazando a campesinxs. Son las mujeres quienes cargan con el peso de esta economía de muerte: sostienen la reproducción social en territorios devastados mientras las corporaciones externalizan sus costos ambientales y sociales.
Frente a este escenario, las resistencias construyen alternativas desde abajo. La Vía Campesina -que representa a 200 millones de campesinxs- articula la defensa de la soberanía alimentaria contra el agronegocio. Las asambleas socioambientales latinoamericanas tejen alianzas globales para frenar el extractivismo. La propuesta de un tribunal internacional sobre corporaciones, respaldada por Colombia y Mozambique, marca un horizonte concreto: desmantelar el poder corporativo mediante herramientas jurídicas vinculantes. Este tratado podría ser la llave para un nuevo multilateralismo de los pueblos, donde los derechos humanos prevalezcan sobre la ganancia.
