| ★ AMBIENTALISMO |
(★).-Organizaciones socioambientales presentaron ante el Acuerdo de Escazú una denuncia histórica contra el contrato con Mekorot, que vulnera derechos ambientales y consolida el modelo extractivo.
La firma secreta entre el Consejo Federal de Inversiones y la empresa estatal israelí Mekorot en octubre de 2022 configura un nuevo capítulo en la entrega de bienes comunes naturales a corporaciones extranjeras. Lejos de tratarse de un acuerdo técnico, este contrato -avalado por el gobierno de Arabela Carreras en Río Negro- representa la profundización de un modelo neocolonial donde los recursos estratégicos pasan a manos de empresas con graves antecedentes en violaciones de derechos humanos. Mekorot, responsable del apartheid hídrico en territorios palestinos ocupados, ahora extiende su control sobre las cuencas argentinas mediante cláusulas de confidencialidad que impiden el escrutinio público y establecen que los conflictos se resolverán en tribunales británicos, en abierta renuncia a la soberanía jurídica nacional.
Las consecuencias para las comunidades son inmediatas y graves. Más de 200 comunidades mapuche tehuelche ven vulnerado su derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT, mientras se avanza con un plan hídrico que prioriza el abastecimiento a megaemprendimientos extractivos. La falta de acceso a la información -el contrato nunca fue publicado en el Boletín Oficial ni sometido a tratamiento legislativo- impide evaluar los impactos sobre fuentes de agua ancestrales. Esta opacidad institucional se complementa con la criminalización de defensores ambientales, como lo demuestran las recientes represiones en Mendoza y Chubut contra quienes se oponen al extractivismo.
Frente a este escenario, las organizaciones plantean la necesidad de articular una resistencia plurinacional que cuestione tanto el rol de Mekorot como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que consolida esta arquitectura de despojo. La denuncia ante el Acuerdo de Escazú representa una herramienta jurídica internacional para exigir transparencia y participación real en las decisiones sobre los bienes comunes. La soberanía hídrica sólo será posible mediante la construcción de poder popular que enfrente este modelo de desarrollo extractivista y colonial, defendiendo el agua como derecho humano fundamental y no como mercancía al servicio de corporaciones transnacionales.
