| ★ POLÍTICA |
(★).-Un proyecto de ley escrito por las corporaciones del agronegocio busca legalizar el envenenamiento de poblaciones rurales y periurbanas, desmontando protecciones jurídicas y científicas para maximizar ganancias.
La raíz del problema se hunde en el modelo extractivista que convierte la vida en commodity. Este proyecto de Benedetti y Ferraro, redactado literalmente por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias -una usina de cámaras patronales como la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe)-, es la expresión política de un agronegocio que necesita expandir su frontera tóxica sobre los territorios. No es un error, es la lógica del capital: para sostener la rentabilidad de la soja transgénica y el paquete tecnológico, se debe negar la ciencia independiente, violar la Constitución Nacional y desoír las luchas populares que lograron fallos judiciales que establecen 1.000 metros de protección. El Estado, una vez más, se muestra como un comité de administración de los negocios de las patronales agroexportadoras y el complejo de agrotóxicos.
El costo popular lo pagan los cuerpos territorilizados. Las familias rurales, las comunidades campesinas y los barrios periurbanos sufrirán la pulverización directa de venenos como el glifosato a escasos diez metros de sus viviendas. Esto significa un aumento exponencial de casos de cáncer, malformaciones y enfermedades respiratorias, ya documentadas en causas como "Dique Chico" en Córdoba, donde las BPAs ) Buenas Prácticas Agropecuarias) demostraron su fracaso criminal. La carga recae desproporcionadamente sobre las mujeres, quienes, en la economía del cuidado, deben enfrentar la enfermedad de sus familias y el estrés de estirar un presupuesto familiar envenenado, mientras ven secarse sus huertas y contaminarse sus fuentes de agua.
Frente a este ecocidio legislativo, las resistencias se organizan desde abajo. Los pueblos fumigados, las asambleas socioambientales y movimientos como la Red Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados llevan dos décadas construyendo jurisprudencia y conciencia. La alternativa estructural es la soberanía alimentaria, impulsada por La Vía Campesina y el MST, que promueve un modelo de producción agroecológico, libre de venenos, que priorice el alimento sano para el pueblo por sobre la commodity para la exportación. La lucha es por una transición urgente que desmonte el poder corporativo y ponga la vida en el centro.
Te invitamos a leer el artículo "Fumigarte con agrotóxicos a diez metros de tu casa: un proyecto de ley a pedir del agronegocio" de Darío Avila
