| ★ LUCHA Y RESISTENCIA |
(★) Argentina.- La resistencia tiene rostro de mujer y se llama territorio comunitario ancestral.
En el corazón del Gran Chaco salteño, donde el algarrobo da sombra y fruto, treinta mujeres wichí de Misión Chaqueña y Carboncito escriben con sus cuerpos un capítulo más de la lucha contra el despojo. Desde 2022, cuando el empresario Claudio Ferrari comenzó a alambrar y desmontar ilegalmente, ellas han sido la primera línea de defensa de su espacio vital. Hoy, con apenas siete u ocho madres sosteniendo el acampe en la ruta 53, enfrentan no sólo las topadoras sino la amenaza creciente de represión policial y la complicidad judicial. El Estado provincial guarda silencio mientras Ferrari, sin papeles que acrediten propiedad, arrasa con el bosque nativo que es memoria, identidad y sustento para la comunidad.
La situación se agrava día a día. Las mujeres denuncian que la fiscalía de Embarcación, lejos de proteger sus derechos, envía policías a custodiar a los trabajadores del empresario e intenta detener a referentes como Marta Herrera sin órdenes judiciales. Mientras Ferrari tala algarrobos centenarios y monta campamentos en territorio comunitario, la justicia salteña demuestra su rostro más perverso: el abogado Juan Carlos Vega revela que la fiscal Souto sería pariente del empresario. La comunidad cuenta con documentación georreferenciada y registros del INAI que avalan su propiedad ancestral, pero en Salta el acceso a la justicia es privilegio de pocos.
La resistencia se sostiene pese al hostigamiento sistemático. Las mujeres organizan turnos entre el acampe y sus hogares, cocinan, crían a sus hijes y defienden el monte que les da vida. Recientemente, la comunidad misma se organizó para retirar el alambrado ilegal con herramientas propias, anticipando la llegada de infantería y gendarmería. La Asociación de la Iglesia Anglicana presentó denuncias penales y reclamos al INAI, destacando que este territorio forma parte del segundo bosque más importante de Latinoamérica después del Amazonas. Pero el extractivismo avanza con la complicidad estatal, mientras las negociaciones se realizan con comisiones vecinales que han pactado con los desmontadores.
La lucha de estas mujeres wichí expone la crudeza del colonialismo interno: un empresario sin títulos puede destruir bosques milenarios mientras el Estado protege sus intereses. Su resistencia no es solo por un pedazo de tierra, sino por la continuidad cultural, por el derecho a existir como pueblo. En cada algarrobo derribado, en cada hectárea desmontada, se escribe la historia de un despojo que se repite en todas las comunidades originarias de Salta. Mientras el monte caiga, ellas seguirán de pie, demostrando que la verdadera propiedad no se mide en papeles sino en la relación vital con el territorio que sostiene la vida.
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