| ★ VIA CAMPESINA |
(★) Internacional.- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos campesinos destaca la vigencia de la UNDROP en un contexto de hambre, cambio climático y degradación ambiental.
Siete años después de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP), el organismo internacional reafirma su urgencia permanente frente a la escalada de crisis mundiales. La declaración, adoptada por la Asamblea General en 2018, cobra especial relevancia en un contexto marcado por el hambre, la injusticia social, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Los campesinos, pescadores artesanales, pastores y pueblos indígenas producen más del 70% de los alimentos del mundo y conservan la biodiversidad mediante prácticas agroecológicas tradicionales. Sin embargo, enfrentan violaciones sistémicas de sus derechos humanos, incluyendo inseguridad en la tenencia de tierras, degradación ambiental, desastres climáticos y acceso desigual a servicios y mercados. Las adquisiciones de tierras a gran escala, actividades extractivas y proyectos de infraestructura sin consultas adecuadas han provocado despojos masivos.
El Grupo de Trabajo expresa especial preocupación por los efectos de conflictos armados y ocupaciones militares que destruyen tierras agrícolas, zonas de pastoreo y sistemas de riego, privando a comunidades rurales de sus medios de subsistencia. Las mujeres y niñas rurales sufren discriminación múltiple que limita su acceso a tierra, recursos naturales, crédito y procesos de toma de decisiones, mientras enfrentan mayor carga de cuidados no remunerados y violencia de género.
La aplicación efectiva de la UNDROP requiere participación significativa de campesinos en decisiones locales, nacionales e internacionales. Los Estados deben acelerar su implementación mediante leyes basadas en derechos campesinos, fortalecer protección jurídica de tierras y recursos naturales, y garantizar acceso a justicia. La declaración ofrece un marco normativo integral que reconoce a campesinos como agentes clave del desarrollo sostenible y adaptación climática.
En un mundo donde la seguridad alimentaria depende fundamentalmente de quienes trabajan la tierra, la protección de sus derechos no es sólo una cuestión de justicia social sino una necesidad estratégica para enfrentar las crisis globales interconectadas que amenazan la estabilidad planetaria.
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