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(★)Argentina.- La sentencia histórica que juzga por primera vez en Santa Fe la responsabilidad patronal en el genocidio obrero de 1975
Después de 50 años de espera, el martes 4 de noviembre el Tribunal Oral Federal de Rosario dará a conocer el veredicto en la causa "Villazo", un juicio que marca un hito en la lucha contra la impunidad empresarial. Por primera vez en la provincia, dos exdirectivos de Acindar -Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo- enfrentan la posibilidad de prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos.
El operativo "Serpiente Roja del Paraná", ejecutado en marzo de 1975 bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón, fue el ensayo general del terrorismo de Estado que se consolidaría un año después. Cuatro mil efectivos policiales, militares y paramilitares invadieron Villa Constitución con un objetivo claro: aniquilar la poderosa organización obrera de la Lista Marrón que había recuperado democráticamente el sindicato metalúrgico.
La complicidad empresarial fue estructural. Acindar, presidida entonces por José Alfredo Martínez de Hoz -futuro ministro de Economía de la dictadura- facilitó listas de trabajadores, vehículos, instaló un centro clandestino de detención en su planta conocido como "Albergue de Solteros" y pagó bonos extras a los represores. Las patronales Metcon y Marathon aportaron logística y financiamiento para la represión.
La huelga de 59 días que siguió a la invasión mostró la capacidad de resistencia de la clase trabajadora, pero también la ferocidad del plan sistemático de exterminio. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 permanecen desaparecidas y 69 sufrieron detenciones ilegales. Los cuerpos mutilados de los militantes eran exhibidos públicamente para sembrar el terror.
Este juicio rompe el mito de que el terrorismo de Estado comenzó en 1976. Demuestra que fue un genocidio de clase planificado desde el poder económico para disciplinar a la vanguardia obrera que amenazaba con transformar las relaciones de producción. La sentencia que se espera este martes no es sólo jurídica: es la reparación histórica de medio siglo de lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos que nunca claudicaron en su reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.
