| ★ AMBIENTE |
(★) Argentina.- El gobierno de Milei avanza con la modificación de la ley que protege las reservas hídricas estratégicas del país, en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y bajo presión de las corporaciones mineras.
La histórica Ley de Glaciares, sancionada en 2010 tras años de lucha ambiental, enfrenta su momento más crítico. Esta norma que protege apenas el 1% del territorio nacional pero que resguarda las reservas estratégicas de agua dulce del país, se encuentra en la mira del gobierno de Javier Milei, que busca modificarla para favorecer los intereses de las corporaciones mineras transnacionales. El conflicto expresa la tensión entre la defensa del agua como bien común y la voracidad extractivista en el marco de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.
La ofensiva contra la ley se enmarca explícitamente en el acuerdo comercial con Estados Unidos, donde Donald Trump expandió la lista de "minerales críticos" para incluir al cobre. Argentina cuenta con 4 de los 12 mayores proyectos mundiales de "cobre greenfield" (a construir desde cero), situados principalmente en San Juan sobre el cordón andino. El cobre representa el 75% de las inversiones comprometidas en proyectos adheridos al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), lo que explica la presión empresarial para modificar la normativa ambiental.
Milei anunció que enviará al Congreso una nueva ley para "devolver el federalismo a las provincias", permitiendo que cada jurisdicción determine qué es zona periglaciar. Esta propuesta, originalmente del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, cuenta con el respaldo de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y los gobernadores de provincias mineras como San Juan, que reclaman resolver la cuestión mediante decreto o nueva ley que identifique a las provincias como autoridad de aplicación.
La Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambiente periglaciar como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano, agricultura, recarga de cuencas y protección de biodiversidad. Sin embargo, desde su sanción quedaron sin reglamentar los artículos 1 y 6 que definen con precisión los ambientes "glaciar" y "periglaciar", creando un limbo normativo que las empresas mineras buscan aprovechar.
El exministro Daniel Filmus cuestionó duramente el avance del gobierno, señalando que "se puede vivir sin oro, pero no sin agua". Por su parte, Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina advirtió que "es un ataque directo al agua de los argentinos" que pondrá en riesgo el acceso al agua para millones de personas. El gobierno responde estigmatizando a los ambientalistas, acusándolos de preferir que la gente "se muera de hambre antes que tocar algo".
La modificación de la Ley de Glaciares representa la profundización de un modelo económico basado en el extractivismo y la primarización, donde las zonas de sacrificio ambiental se multiplican para garantizar el pago de la deuda externa y cumplir con las exigencias del FMI y las corporaciones transnacionales. En esta encrucijada, la defensa del agua como bien común se enfrenta a la lógica del saqueo que prioriza las ganancias de unos pocos sobre la vida de las mayorías.
