| ★ MÉXICO |
(★) México.- La Suprema Corte electa por sufragio popular marca un giro histórico con sentencias que priorizan soberanía estatal y austeridad frente a los privilegios corporativos.
El 1 de septiembre de 2025 quedará grabado en la memoria judicial mexicana como el día que el pueblo tomó las riendas del máximo tribunal. Por primera vez, los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fueron designados por la élite senatorial sino elegidos directamente por la ciudadanía. Dos meses después, las sentencias comienzan a delinear un nuevo rumbo: menos discursos y más acción concreta contra el poder económico concentrado.
La señal más contundente llegó con el fallo unánime contra Grupo Salinas. En apenas una hora y media, la Corte resolvió siete juicios acumulados durante 16 años, obligando a Elektra y TV Azteca a pagar 48,326 millones de pesos en impuestos, multas y actualizaciones. El mensaje fue claro: la fortuna corporativa no puede imponerse sobre la justicia fiscal. Cuando el grupo empresarial intentó apartar a la ministra Lenia Batres por sus posturas críticas, la Corte rechazó la maniobra y reafirmó la independencia judicial.
En paralelo, con votación de 7 a 2, el tribunal confirmó la validez de las reformas a la Ley Minera, estableciendo que las solicitudes de concesión no generan derechos adquiridos. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz fue contundente: "La soberanía del Estado debe prevalecer en todo momento". Esta postura reafirma que los bienes estratégicos del subsuelo pertenecen a la nación, no están sujetos a trámites administrativos sino a políticas de Estado.
Pero quizás el gesto más simbólico vino desde adentro. El Órgano de Administración Judicial aprobó por unanimidad que ningún integrante del Poder Judicial gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum, además de incorporar a ministras, ministros y jueces federales al sistema público del ISSSTE. La austeridad, esta vez, no fue vertical sino que comenzó desde las alturas, desmontando décadas de privilegios judiciales.
La nueva Corte parece haber entendido que su legitimidad no viene de ser popular sino creíble. En apenas dos meses, ha logrado sacar el debate jurídico de los tribunales especializados para devolverlo a la conversación pública. Los próximos meses prometen batallas cruciales en materia ambiental, energética y de justicia cotidiana, pero el mensaje inicial es inequívoco: cuando el pueblo elige, el poder responde.
