| ★ EXTRACTIVISMO |
(★) Argentina.- Uspallata se juega su destino esta semana frente al avance de la megaminería que amenaza el agua de 1,5 millones de personas
Esta semana podría sellarse el destino de Uspallata. El gobierno de Alfredo Cornejo impulsa con fuerza la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, que busca extraer cobre y oro en el valle mendocino. Según informa Indymedia, este martes se tratará en comisiones y el miércoles podría ir al recinto legislativo provincial para su votación definitiva.
La situación es dramática: estamos ante una avanzada mileísta que busca imponer el extractivismo a cualquier costo. El proyecto San Jorge, rebautizado como "PSJ Cobre Mendocino", ya fue rechazado en 2011 por 44 votos negativos. Hoy, bajo nuevas presiones políticas y económicas, intentan revivirlo.
Como documenta Huella del Sur, la resistencia lleva 17 años. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura denuncian que el oficialismo actúa "a puertas cerradas", sin permitir el ingreso de las asambleas a los plenarios. La criminalización ha sido brutal: Federico Soria, Mauricio Cornejo y Facundo Gollano son presos políticos del gobierno provincial por oponerse al proyecto.
La empresa detrás de esta amenaza es Solway, una corporación rusa-israelí con historial de atrocidades en Guatemala, Indonesia y Congo, sancionada por el Tesoro estadounidense. Su estrategia ha incluido compra de voluntades, contaminación social y ahora el intento de ingresar al RIGI para obtener beneficios fiscales.
Los pueblos originarios ya entregaron su Consentimiento Libre, Previo e Informado: es negativo. La comunidad de Uspallata realizó su propia Audiencia Pública del Pueblo donde 2.400 personas rechazaron masivamente la megaminería. Pero el gobierno insiste en imponer un proyecto sin licencia social.
Mendoza se juega su agua, su agricultura y su futuro. Esta semana podría marcar un punto de inflexión en una batalla que lleva casi dos décadas y que define si priman los intereses corporativos o la defensa de los bienes comunes.
En esta segunda etapa del gobierno presidencial de Javier Milei, y luego de lo que considera un plebicito positivo a su gobierno antipopular, la estrategia es sectorizar los extractivismos en provincias para dividir las luchas. Con las nuevas leyes impuestas, el extractivismo será definición de cada provincia. Y a su vez, será la forma en que se pueden corromper más fácilmente los poderes definitorios, ya que no se juegan definiciones nacionales, sino provinciales y que serán planteados incluso como de regiones dentro de una misma provincia. Todas las provincias cordilleranas, de norte a sur están en la mira. Y esto habilita a cada gobernador a "negociar" el extractivismo, sin grandes responsabilidades para el gobierno nacional, y sin generar olas que puedan nacionalizarse para resistir en conjunto. La estrategia del shock es nuevamente la que reina, no dejando tiempo para que las resistencias populares se organicen.
Tocará hacer uso de la amplia experiencia organizacional que se ha ido generando a través de los medios comunitarios y populares, las asambleas ciudadanas, barriales, y comunitarias para generar una sola y única lucha que tire abajo la estrategia entreguista del gobierno nacional y los gobernadores cipayos.
