| ★ ARGENTINA |
(★) Argentina.- Cuando el Estado criminaliza la protesta, la democracia se convierte en un simulacro de poder.
La denuncia penal de Patricia Bullrich contra Rodolfo Aguiar por "amenazas al orden constitucional" despliega una estrategia jurídico-policial que busca disciplinar la resistencia sindical mediante la judicialización del conflicto social —un mecanismo que, lejos de proteger la democracia, la vacía de contenido al convertir la crítica en delito. Mientras el Ministerio de Seguridad argumenta que las palabras del dirigente de ATE constituyen una amenaza pública contra el gobierno, la realidad material muestra que la verdadera desestabilización proviene de políticas económicas que según datos de la Universidad Católica Argentina (UCA) ya empujaron a 2 millones de argentinos bajo la línea de pobreza en apenas seis meses. El gobierno denuncia al sindicalista por decir que su trabajo es "provocar la crisis" mientras implementa una reforma laboral que Aguiar define como diseñada para "joder a los trabajadores", revelando así la contradicción fundamental: quienes ejercen el poder estatal pueden desmantelar derechos fundamentales, pero quienes los defienden son criminalizados.
La denuncia firmada por Fernando Oscar Soto se basa en declaraciones de Aguiar en Bravo TV donde afirmó: "Es mi trabajo provocar la crisis de este gobierno". Bullrich tildó al dirigente de "desestabilizador y golpista". Javier Lanari, subsecretario de Prensa, retuiteó con el slogan "El que las hace, las paga". Milei respaldó la acción. Aguiar contraatacó: "Usted ve sus propios fantasmas". Señaló la "doble vara" oficial al recordar que "el presidente dijo que va a destruir el Estado". Acusó al gobierno de atentar "todos los días contra la Constitución" citando "el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles".
¿Quiénes ganan con esta judicialización? El establishment financiero que necesita sindicatos debilitados para imponer flexibilización laboral. ¿Quiénes pierden? Los 800.000 trabajadores estatales que ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) representa, cuyos salarios perdieron 40% de poder adquisitivo según CEPA (Centro de Economía Política de Argentina). El silencio oficial oculta que la denuncia coincide con el primer paro nacional contra la reforma laboral —una sincronización demasiado precisa para ser casualidad.
