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(★). Argentina.- Cuando el delito es de cuello blanco, el derecho al silencio se convierte en arte performático.
Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), acusado de liderar un esquema de corrupción millonario con fondos para discapacidad, llegó a Comodoro Py para hacer lo que mejor saben hacer los funcionarios del poder: ejercer su derecho a no ejercer el derecho a declarar. Con la elegancia de quien sabe que la justicia para cierta clase social es más lenta que la burocracia estatal, se limitó a un breve descargo defendiendo su inocencia mientras su abogado amenazaba con peritos que demostrarían que los audios comprometedores fueron "editados con inteligencia artificial".
Mientras tanto, la fiscalía describe un modus operandi digno de novela negra: droguerías que ganaban licitaciones amañadas, un "jefe paraestatal" que daba órdenes sin cargo oficial, entregas de dinero en "lugares disimulados" y visitas con mochilas sospechosas. Spagnuolo tenía 82.000 dólares y 2.950 euros sin declarar, una máquina contabilizadora de billetes (comprada, según su defensa, por la inflación, claro) y una remodelación millonaria en su country.
Pero aquí la paradoja es sublime: el que roba una gallina va directo a la cárcel, pero el que desvía millones en medicamentos para discapacitados puede elegir callarse elegantemente, prometer que volverá a declarar cuando lea el expediente y seguir su vida mientras la justicia se toma su tiempo. El sistema, curiosamente, funciona con distinta velocidad según el color del cuello del imputado.
